Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
Este artículo se publicó originalmente en State Court Report
El viernes pasado, las fuerzas policiales federales arrestaron a una jueza estatal de Wisconsin porque supuestamente obstruyó un arresto inmigratorio en la sala de su tribunal. Esta acción representa una escalada del conflicto existente entre la administración Trump y las autoridades locales con respecto a las políticas migratorias. También socava la capacidad de la judicatura de llevar a cabo sus deberes como corresponde.
Si bien aún se está esclareciendo qué pasó exactamente, el director del FBI Kash Patel afirmó en las redes sociales que la jueza de primera instancia Hannah Dugan del condado de Milwaukee “intencionalmente evitó que los agentes federales pudieran dar con” un hombre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscaba arrestar en la sala del tribunal de la jueza.
Los cambios de política de ICE —que incrementaron drásticamente la frecuencia de arrestos inmigratorios en las salas de justicia— provocan un confrontamiento directo entre las fuerzas policiales federales y los tribunales estatales. Estos cambios de política se efectuaron a pesar de las muchas pruebas y los claros pedidos de jueces, fiscales y otros grupos que aseguran que las acciones de control migratorio en las salas de los tribunales estatales hacen que las comunidades se sientan menos seguras.
Si bien las autoridades migratorias federales nunca en la historia prohibieron llevar a cabo operaciones de control migratorio en las salas de los tribunales estatales, esta era una práctica que, por lo general, evitaban.
Pero en 2017 la primera administración de Trump cambió las cosas. Según un estudio efectuado por una coalición ubicada en Nueva York, hubo 159 y 178 arrestos llevados a cabo por ICE en salas de tribunales del estado de Nueva York en 2017 y 2018, respectivamente, en comparación con los solo 11 arrestos registrados en 2016.
En todo el país, estos arrestos incluyeron a personas que habían acudido a la justicia para obtener órdenes de protección contra actos de violencia doméstica, disputar infracciones de tránsito y hasta acceder a un programa para víctimas del tráfico de personas.
Estos arrestos generaron caos en las salas de tribunales de todo el país. Se desataron escenas de persecución en los pasillos de los tribunales. Personas que tenían programadas audiencias con jueces desaparecieron justo antes de comparecer.
Un incidente en la ciudad de Nueva York fue tan violento que quienes lo presenciaron pensaron que la persona que ICE arrestó había sido secuestrada.
En 2019 una fiscalía federal hasta acusó a una jueza de Massachusetts de obstruir un arresto inmigratorio, porque supuestamente permitió que la persona que ICE iba a arrestar saliera por otra puerta por la que había entrado para evitar su arresto. Si bien estas alegaciones fueron similares a las que provocaron el arresto de la jueza de Wisconsin el viernes pasado, la jueza de Massachusetts nunca fue arrestada y, al final, la fiscalía abandonó los cargos contra ella.
Ese fuerte aumento de acciones de control migratorio en las salas de tribunales estuvo acompañado de pruebas contundentes que demostraron que la gente que necesitaba acudir a la justicia para mantenerse segura o mantener seguras a sus comunidades decidía evitar ir a los tribunales.
Las fiscalías locales informaron una disminución en los casos de violencia doméstica, ya que las víctimas consideraban que comparecer frente a un tribunal era demasiado arriesgado. Muchas comunidades en Los Ángeles y San Diego hasta Houston registraron bajas de dos dígitos en las denuncias de violencia doméstica y solicitudes de órdenes de protección en 2017 y 2018.
Como consecuencia, hubo una fuerte resistencia proveniente de todos los rincones del sistema de justicia. Un grupo de 75 jueces federales y estatales retirados le escribió una carta a ICE en 2018 donde afirmaban que los “jueces simplemente no pueden hacer su trabajo —y nuestro sistema de justicia no puede funcionar con eficacia— si las personas víctimas, acusadas, testigos y familiares no se sienten seguras al acudir a los tribunales”.
Un fiscal de distrito en Nueva York dijo que las operaciones de ICE en las salas de justicia estaban “comprometiendo nuestra capacidad de responsabilizar a los autores de delitos que atacan a víctimas de comunidades inmigrantes vulnerables”. Varias legislaturas y sistemas judiciales estatales reaccionaron aprobando leyes o adoptando políticas que limitaban los arrestos inmigratorios en las salas de los tribunales.
Mientras que la administración Biden respondió a estos llamamientos limitando los arrestos en las salas de justicia, la administración Trump priorizó revertir estas limitaciones y publicó una nueva directiva sobre “Acciones de control migratorio en el interior o las cercanías de las salas de tribunales” el 21 de enero, su primer día completo en el cargo.
Esta política actual eliminó la mayoría de las restricciones antes impuestas sobre el control migratorio en las salas de tribunales y es lo que le permitió a ICE operar en ese tribunal de Wisconsin, además de generar numerosos incidentes de arrestos de ICE en salas de tribunales estatales durante los últimos meses.
Si el gobierno tiene algún interés en mantener seguras a las comunidades, puede hacerles caso a los llamamientos de esos jueces, fiscales y administradores judiciales que lo dijeron bien claro: que el control migratorio se efectúe lejos de los tribunales y dejen que los jueces hagan su trabajo. De lo contrario, habrá más caos en las salas de los tribunales de todo el país.
Douglas Keith es fundador de la publicación académica State Court Report y asesor letrado sénior del Programa de Justicia del Brennan Center for Justice.
